Por Agencia EFE
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió que “no habrá tregua para los criminales” al inaugurar una estrategia de seguridad enfocada en la capital del país, cuando entra en vigor hoy un estado de prevención nacional por 15 días.
El lanzamiento del denominado 'Plan Centinela Metropolitano', específicamente en los sectores con mayores índices de violencia, se da con el comienzo del estado de prevención, medida que sustituye al estado de sitio decretado tras los ataques de pandilleros el pasado 18 de enero, en los que murieron 11 policías.
Arévalo de León subrayó que su Gobierno trabaja para "recuperar las cárceles" y las calles con el fin de que la ciudadanía recobre la tranquilidad.
"Un país sin miedo es un país libre y hacia ese país seguiremos", afirmó el mandatario durante el acto de presentación de la fuerza conjunta entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.
Según datos oficiales, en las últimas semanas las fuerzas de seguridad han logrado una reducción del 50 % en los homicidios y del 33 % en las extorsiones, además de la captura de 3.800 presuntos delincuentes, incluidos 85 pandilleros vinculados directamente con los ataques a la policía.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, advirtió que quienes no sigan las normas deberán "atenerse a las consecuencias legales, operativas y reales", al tiempo que instó a la población a denunciar los delitos para evitar la normalización del control criminal en los barrios.
El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, confirmó que el Ejército apoyará con patrullajes a pie y motorizados en las zonas de mayor incidencia delictiva, y aseguró que la presencia militar en las calles será "coordinada y sostenida".
El 'Plan Centinela' consistirá en patrullajes focalizados, estrategia de inteligencia, investigación, presencia estratégica y coordinación entre las instituciones en el marco del estado de prevención.
El estado de prevención faculta al Ejecutivo para limitar ciertos derechos constitucionales con el fin de mantener el orden público y la seguridad nacional. Además, durante su vigencia, el Gobierno puede militarizar servicios públicos, restringir el derecho de reunión y manifestación, limitar la libre circulación de vehículos y regular o suspender huelgas.
