Por revistaeyn.com / Agencia EFE
Las cárceles de Guatemala se convirtieron en uno de los principales focos de la crisis de seguridad que atraviesa el país. Con un hacinamiento que alcanza el 340 %, el propio Gobierno reconoció que el sistema penitenciario representa una “bomba de tiempo permanente”, en palabras del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, una definición que el presidente Bernardo Arévalo de León asumió públicamente al defender las medidas excepcionales adoptadas tras una ola de violencia sin precedentes.
La advertencia llegó luego de una serie de ataques coordinados atribuidos a pandillas, que dejaron 10 policías muertos, varios heridos y motines simultáneos en al menos tres centros penales, donde reclusos tomaron rehenes. En menos de 24 horas, las autoridades lograron retomar el control de las prisiones y liberar a los retenidos, pero el episodio expuso con crudeza la fragilidad estructural del sistema carcelario.
Ante la escalada, el presidente Arévalo decretó el estado de sitio por 30 días, una medida que busca restablecer el control territorial y golpear a las estructuras criminales que, según el mandatario, intentaron “infundir terror” y “fracasaron”.
“Estamos viviendo un período de dolor, pero este Gobierno ha tomado decisiones firmes, con resultados inmediatos”, afirmó Arévalo, al remarcar que no habrá concesiones ni negociación de privilegios ilegales dentro de las cárceles. “Tienen a un presidente y a un equipo dispuestos a tomar decisiones que gobiernos anteriores no quisieron tomar”, subrayó.
Cárceles colapsadas y seguridad nacional
El diagnóstico oficial es contundente. Guatemala cuenta con 23 centros penales, diseñados para 6.000 internos, pero que actualmente albergan a más de 23.000 personas. Para el ministro Villeda, sin control efectivo de las prisiones es imposible diseñar una estrategia de seguridad ciudadana sostenible.
“Tenemos cárceles que no cumplen estándares internacionales de seguridad ni de rehabilitación. Son bombas de tiempo permanentes”, insistió el funcionario, quien calificó al sistema penitenciario como “la cenicienta del Estado” por décadas de falta de inversión y recursos. En respuesta, el Gobierno anunció la construcción de dos nuevas cárceles, aunque reconoció que se trata de una solución de mediano plazo.
En paralelo, el Ejecutivo dejó en claro que no existe margen de negociación con grupos criminales como el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha, señalados como responsables de los ataques que derivaron en la muerte de los agentes.
Resultados iniciales del estado de sitio
En los primeros tres días de vigencia del estado de sitio, las fuerzas de seguridad reportaron la captura de 293 personas, entre ellas 23 pandilleros directamente vinculados con los ataques. Además, se incautaron 37 armas de fuego, se recuperaron 205 motocicletas y 73 vehículos, y se desplegó al Ejército junto a la Policía Nacional Civil en patrullajes intensivos, sin alterar —según el Gobierno— la vida cotidiana de la población.
“Vamos a utilizar todos los recursos del Estado para arreglar esta situación de una vez por todas. No buscamos réditos políticos, sino hacer lo correcto por el país”, enfatizó Villeda.
Efectos regionales: tensión en la frontera sur de México
La crisis interna de Guatemala comenzó a sentirse también más allá de sus fronteras. En el sur de México, particularmente en Tapachula, estado de Chiapas, empresarios, activistas y autoridades reconocieron un clima de inquietud ante el temor de que integrantes de pandillas intenten cruzar el límite fronterizo aprovechando la presión militar en territorio guatemalteco. “El río Suchiate sigue siendo un punto de paso sin control absoluto. Hay preocupación por el llamado ‘efecto cucaracha’”, advirtió el empresario Walter Orozco, al pedir refuerzos en los patrullajes del lado mexicano.
Desde organizaciones civiles, el activista Luis Rey García Villagrán alertó sobre la presencia de pandilleros en la zona, algunos de los cuales —según testimonios— buscan regularizar su situación migratoria o se aprovechan de migrantes en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Mensajes de calma y coordinación bilateral
Desde Guatemala, el presidente Arévalo defendió la capacidad de respuesta de los organismos de inteligencia y vinculó la violencia a una represalia directa de las mafias político-criminales tras el operativo en las cárceles. En tanto, autoridades mexicanas llamaron a la calma y remarcaron la coordinación permanente entre ambos países en el combate al crimen organizado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que buscará comunicarse con su par guatemalteco para ofrecer apoyo, siempre con respeto a la soberanía del país vecino, aunque aclaró que por ahora no se han reforzado medidas extraordinarias en la frontera.
Mientras tanto, en Guatemala, el Gobierno enfrenta el desafío de transformar una respuesta de emergencia en una reforma estructural. La crisis dejó al descubierto que, más allá de los operativos y los estados de excepción, el sistema penitenciario sigue siendo uno de los eslabones más frágiles de la seguridad nacional.
