Por revistaeyn.com
El debate fiscal volvió a colocarse en el centro de la agenda política guatemalteca, luego de que el Presupuesto General del Estado para 2026 quedara temporalmente bloqueado por la vía judicial. La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender provisionalmente su entrada en vigor reabrió una discusión que, lejos de ser nueva, se ha convertido en un patrón recurrente en el país.
El plan de gastos aprobado por el Congreso a finales de noviembre buscaba mantener una senda de contención fiscal, con un déficit global estimado en torno al 3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) y un balance primario negativo cercano al 1,5 %. En términos macroeconómicos, el diseño no implicaba un giro abrupto respecto a años anteriores.
Sin embargo, su contenido encendió alarmas en distintos sectores por posibles contradicciones con la Constitución.
El principal foco de controversia fue la disposición que autorizaba el uso de reservas internacionales para cubrir la suscripción de Guatemala como miembro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Para organizaciones civiles y actores políticos, esta medida vulneraba el artículo 133 de la Carta Magna, que prohíbe al Banco de Guatemala financiar, de forma directa o indirecta, al gobierno central. El riesgo, argumentaron, era erosionar la independencia del banco central y diluir la frontera entre política fiscal y monetaria.
Ante estos señalamientos, varias acciones legales fueron presentadas ante la CC, que el 30 de diciembre resolvió otorgar una suspensión provisional. Con ello, el presupuesto de 2026 quedó congelado y la discusión regresó al Congreso, que ahora tiene la posibilidad de introducir ajustes o ampliaciones bajo un marco legal distinto.
Desde el Ministerio de Finanzas Públicas se ha insistido en que la medida judicial no implica una paralización del Estado. No obstante, sí obliga al Ejecutivo a operar bajo los límites del presupuesto vigente de 2025, lo que reduce el margen para lanzar nuevos programas, ampliar proyectos existentes o acelerar la inversión pública. En la práctica, el gasto queda condicionado a un techo que no refleja las prioridades planteadas para el nuevo ejercicio fiscal.
Como respuesta, el Ejecutivo anunció que presentará una iniciativa de modificación presupuestaria para adecuar el presupuesto actual a las necesidades inmediatas y amortiguar los efectos de la suspensión. Esta maniobra, ya utilizada en años recientes, traslada nuevamente el pulso fiscal al Legislativo y prolonga la incertidumbre sobre el rumbo del gasto público.
Pese al ruido político, un reporte de Grupo EMFI señala que "el impacto macrofiscal esperado parece limitado". El escenario base apunta a un déficit cercano al 3 % del PIB, "respaldado por la histórica infraejecución del gasto que ha caracterizado a Guatemala. Incluso con ajustes, el desbalance fiscal se mantendría dentro de rangos manejables".
A este escenario se suma un ingrediente político clave: el llamado megaciclo de nombramientos institucionales, que incluye cortes, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral.
Grupo EMFI apunta que la disputa por estos espacios promete absorber buena parte del capital político en los próximos meses, relegando el debate fiscal a un segundo plano y añadiendo complejidad a la ya tensa relación entre poderes del Estado.
