Por revistaeyn.com /Agencias
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió que 2026 será un año “crítico” para el país tras la suspensión provisional del presupuesto estatal ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC), una decisión que obliga al Ejecutivo a operar con los recursos del ejercicio anterior y limita la capacidad de inversión pública.
La CC suspendió el pasado 30 de diciembre el presupuesto aprobado para 2026, por 163.000 millones de quetzales (US$21.300 millones), al detectar presuntos vicios de forma en su aprobación legislativa. Como consecuencia, el Gobierno deberá ejecutar el presupuesto vigente de 2025, que asciende a 154.836 millones de quetzales (US$20.213 millones), generando una brecha de 8.632 millones de quetzales (US$1.127 millones) frente a lo planificado.
“Vamos a enfrentar un año complejo”, reconoció Arévalo en conferencia de prensa, aunque subrayó que su administración está comprometida en seguir respondiendo a la población y garantizando la continuidad del Estado.
Proyectos estratégicos en pausa
El impacto de la suspensión presupuestaria ya se refleja en áreas clave. El viceministro de Finanzas Públicas, Walter Figueroa, confirmó que la medida ha dejado en pausa proyectos estratégicos, entre ellos:
• La construcción de una cárcel de máxima seguridad,
• Programas de electrificación rural,
• Proyectos de infraestructura vial considerados prioritarios.
Además, nuevas entidades creadas para fortalecer la gestión pública, como la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIP) y la Superintendencia de Competencia, quedaron con “presupuesto cero”, lo que impide su puesta en marcha.
Ante este escenario, el Ministerio de Finanzas anunció que el Ejecutivo deberá acercarse al Congreso para impulsar una ampliación presupuestaria, que permita reactivar inversiones y dotar de recursos a las nuevas instituciones, manteniendo —según Figueroa— estándares de transparencia.
Un presupuesto suspendido, no declarado inconstitucional
Especialistas subrayan que la resolución de la CC no declara inconstitucional el presupuesto de 2026, sino que concede un amparo provisional que frena su entrada en vigor.
El director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, explicó que, conforme a la Constitución, al no entrar en vigencia el nuevo presupuesto el 1 de enero, el Estado debe aplicar el presupuesto del año anterior, incluyendo las modificaciones aprobadas durante 2025.
El presupuesto originalmente aprobado para 2025 fue de 148.526 millones de quetzales, pero cerró el año en 154.836,6 millones, tras ampliaciones autorizadas por el Congreso, un mecanismo que el Icefi considera poco recomendable por generar confusión jurídica y mayor riesgo de impugnaciones.
Ejecución fiscal y margen de maniobra
Desde el Gobierno se enfatiza que, pese a la suspensión, la administración pública no se detiene. Figueroa informó que la ejecución presupuestaria de 2025 cerró en 90,6 %, equivalente a 140.340 millones de quetzales, lo que representó 14,8 % del PIB, un nivel que el Ejecutivo califica como superior al de segundos años de gobiernos anteriores.
Para 2026, las proyecciones oficiales indican que la inversión pública alcanzaría unos 32.200 millones de quetzales (US$4.203 millones), mientras que el servicio de la deuda superará los 20.000 millones de quetzales (US$2.610 millones). El resto de los recursos se destinará al funcionamiento del Estado.
Mensaje político y contexto institucional
Durante la conferencia conocida como La Ronda, Arévalo denunció que sectores dedicados a la desinformación han intentado generar temor sobre la capacidad del Gobierno para responder a la población, aprovechando la suspensión del presupuesto.
“La Constitución establece mecanismos claros para garantizar que la administración siga funcionando”, afirmó el mandatario, quien reiteró que su gobierno seguirá trabajando para llevar servicios y desarrollo “a todas las esquinas del país”.
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, anunció que en las primeras semanas del año el Ejecutivo presentará una iniciativa de ley de ampliación presupuestaria, en busca de recomponer el margen fiscal perdido y destrabar proyectos clave.
Un año fiscal bajo presión
La advertencia presidencial marca el tono de un 2026 fiscalmente tenso, con menor espacio para nuevas inversiones, alta presión sobre la ejecución del gasto y un debate político abierto en el Congreso.
Mientras la Corte de Constitucionalidad analiza el fondo del amparo, el Gobierno de Arévalo deberá gestionar el país con recursos limitados, en un entorno de incertidumbre jurídica, expectativas sociales elevadas y un año previo a procesos electorales, factores que añaden complejidad a la gobernabilidad económica de Guatemala.
