Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com
Este martes 17 de noviembre, la fiscal de Delitos Electorales Liseth Noemí Mazariegos fue herida de bala cuando iba a trabajar en Ciudad de Guatemala. El lunes habían asesinado al periodista Camilo Rodríguez Chaverri en Costa Rica. El sábado, en Panamá, un ataque con un explosivo incendió la casa de Rolando Rodríguez, periodista de La Prensa que investigaba presuntas irregularidades en contratos de la empresa eléctrica estatal Etesa. Y apenas un mes antes, Guatemala había sufrido el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa.
Corresponde a la justicia esclarecer cada móvil y establecer responsabilidades con pruebas. Lo que ya podemos exigir es que la región impida que el miedo dicte quién denuncia, qué expediente se investiga y qué información llega al público. Cada ataque que queda impune pesa en la decisión del próximo testigo, de la próxima fiscal o del próximo periodista. Ahí empieza a perder terreno una democracia.
La firmeza se prueba cuando hay resistencia
Cuando se patea un hormiguero, las primeras en salir son las hormigas que pican. Cabe esperar resistencia allí donde el Estado empiece a cortar las rentas y las protecciones de las redes criminales. Esa posibilidad obliga a los gobiernos a prepararse para sostener sus decisiones cuando pase la conmoción y aumente la presión. La protección de fiscales, periodistas y testigos tiene que funcionar antes del siguiente ataque.
Hay señales de que la región empieza a asumir esa tarea. El Gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio de 30 días en Zacapa e Izabal ante la violencia que atribuye a estructuras vinculadas al narcotráfico.
En septiembre, Honduras declaró terroristas a tres organizaciones criminales y, en octubre, su Congreso aprobó penas más severas contra maras, pandillas y terrorismo.
El Escudo de las Américas, en cuya declaración de septiembre participaron Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá, abre una vía de cooperación. Su valor se verá cuando una fiscalía pueda obtener a tiempo pruebas en otro país o cuando el dinero de una red criminal pueda rastrearse más allá de la frontera.
El Salvador ofrece una referencia que merece tomarse en serio. Su Policía Nacional Civil reportó una caída de 106 a 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2025. El descenso importa por lo que significa para las familias que recuperan libertad para moverse y trabajar. También merece atención la advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la prolongación del régimen de excepción. La ambición regional debe ser sostener mejoras de seguridad con reglas claras, jueces independientes y garantías que permitan corregir abusos.
Defender la inversión también exige perseguir la corrupción
La seguridad se juega en el comercio que puede abrir sin pagar extorsión, en la carga que sale de un puerto bajo controles confiables y en la empresa que puede competir por un contrato público sin depender de favores.
En Costa Rica, un informe de Expediente Abierto describe cómo el país ha pasado de servir de tránsito a funcionar también como plataforma de almacenamiento y reexportación de cocaína. Defender la infraestructura que sostiene el comercio exige protegerla de las redes que buscan aprovecharla y perseguir la corrupción que les facilita operar.
Los gobiernos deben respaldar con recursos y protección a quienes investigan, seguir el dinero y llevar los casos hasta quienes ordenan, financian o encubren estos delitos. Y deben aceptar que se fiscalice su propio uso del poder. Una prensa libre y una justicia independiente permiten que salgan a la luz tanto los negocios del crimen como las complicidades que los hacen posibles.
A quienes perdieron la vida les debemos algo más duradero que un día de duelo. Les debemos investigaciones que lleguen hasta el final y un Estado capaz de proteger al próximo que se atreva a denunciar. Así demostrarán los gobiernos de Centroamérica que el crimen y la corrupción no les doblarán el brazo.