ANÁLISIS/ La ideología termina donde comienza el presupuesto

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com

Un gobierno puede definirse de izquierda, derecha o centro. Puede prometer austeridad, justicia social, seguridad o crecimiento. Pero su identidad operativa aparece en un lugar menos discursivo: cuánto dinero cobra, en qué lo gasta y cómo financia la diferencia.

El presupuesto es, en ese sentido, una radiografía del contrato fiscal entre el Estado y la sociedad. Muestra el esfuerzo que se exige a ciudadanos y empresas, las funciones que reciben los recursos y la parte de la factura que se traslada hacia el futuro mediante deuda.

El Informe Regional de Estadísticas de Finanzas Públicas, elaborado por las secretarías ejecutivas del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana y del Consejo Monetario Centroamericano, permite comparar ese contrato en siete países.

Los datos, preliminares a diciembre de 2025, dibujan una región sin un único modelo fiscal.

El Salvador tiene la mayor carga tributaria y uno de los gobiernos centrales con mayor nivel de gasto. Guatemala recauda y gasta poco en relación con el tamaño de su economía.

Panamá cobra menos impuestos, pero mantiene una brecha considerable entre sus ingresos y sus erogaciones. Nicaragua combina una carga elevada con superávit fiscal y reducción de deuda.

República Dominicana, se ubica exactamente en la media de la carga tributaria regional, pero sus gastos están entre los más altos (de hecho, es el tercer Estado más gastador) lo que le genera una distancia significativa entre ingresos y erogaciones.

Honduras es un Estado relativamente grande (segundo en la región); con una carga impositiva apenas superior a la media y una deuda en descenso. En tanto, Costa Rica es el único país con impuestos y gastos por debajo de la media regional, pero su deuda comienza a tensionar la ecuación.

Los dos modelos fiscales que se ubican en los extremos opuestos dentro del mapa centroamericano son El Salvador (carga tributaria del 22% del PIB) y Panamá (sólo 8%).

Como se ve, la carga tributaria de El Salvador equivale a casi 2,8 veces la de Panamá. Sin embargo, esta clasificación no dice por sí sola cuál Estado es más macroeconómicamente eficiente. Los impuestos que no se cobran hoy no necesariamente desaparecen: pueden convertirse en deuda, obligaciones futuras o menor capacidad para responder ante una crisis.

El Salvador presenta el contrato fiscal más exigente de la región en términos tributarios. El informe lo atribuye a una mayor fiscalización, el combate a la evasión y el contrabando, las amnistías fiscales, la facturación electrónica y la incorporación de pequeños comercios y actividades informales.

Si se pone la lupa sobre la asignación del gasto que realizó la Administración Bukele se observa una disminución del gasto en seguridad (3,7%), que ahora prácticamente equivale a lo que el Gobierno gasta en educación (3,8%). La reasignación más clara se produjo hacia mayor inversión en infraestructura, vivienda y actividad económica. La inversión bruta en activos no financieros llegó a 4% del PIB y estuvo vinculada con carreteras, obras municipales, instalaciones públicas e inversión social.

Los datos presupuestarios reflejan que aunque la economía panameña es más "suave" en materia impositiva que la salvadoreña, termina con un déficit del -5,4% frente al leve superávit del otro país (+0,1%), que a la vez viene recuperando su infraestructura social.

Panamá demuestra por qué una carga tributaria baja no basta para definir un modelo fiscal sostenible. Los ciudadanos pueden pagar relativamente poco mediante impuestos en el presente, mientras parte del funcionamiento del Estado se financia mediante deuda que deberá atenderse en el futuro.

El modelo nicaragüense combina una elevada extracción tributaria con gasto inferior a los ingresos, superávit y reducción acelerada del endeudamiento.

Desde la perspectiva fiscal, representa una estrategia de consolidación. Pero, la evaluación social de esa estrategia exige una pregunta adicional: qué calidad y cobertura producen los servicios financiados. En efecto, es de los países que menor cantidad de recursos aporta a la educación, cuando dispone del mayor superávit fiscal. El presupuesto reflejaría más la intención de hacer fuerte al poder central que promover mayor bienestar social.

En Honduras, la estructura presupuestaria muestra un Estado con un esfuerzo educativo importante (4,7%), pero también con una proporción elevada de recursos absorbida por el funcionamiento general, la administración y otras obligaciones centrales. El desafío no consiste únicamente en cuánto gasta, sino en cuánto espacio queda para servicios directamente percibidos por la población (en salud, por caso, sólo se invierte 2%). Y ello en el marco de un sistema tributario que muy probablemente tiene deficiencias recaudatorias.

Guatemala no solo cobra menos que la mayoría: también dispone de un aparato fiscal de menor tamaño. Esto puede interpretarse como menor peso del Estado sobre la economía, pero también como una capacidad más limitada para financiar infraestructura, capital humano, protección social y servicios públicos.

El verdadero interrogante para ciudadanos e inversores no es solamente si el Estado es barato, sino si posee los recursos necesarios para cumplir sus funciones. ¿Cuán bien podría lograrlo este país cuando destina 2% a protección social; 1,8% a seguridad y 1,7% a vivienda y servicios comunitarios?

Costa Rica redujo tanto su carga tributaria como su gasto. En el marco de esa estrategia, conserva una estructura claramente orientada hacia educación y protección social. La combinación de menor recaudación, reducción del gasto y deuda todavía creciente revela un margen fiscal estrecho. El déficit se ubicó en 3,4% del PIB y el resultado primario fue positivo en 1,3%. A pesar de ese superávit primario, la deuda bruta aumentó de 54,4% a 55,7%.

La estructura dominicana, en tanto, muestra una combinación de gasto social y económico relativamente amplio, pero financiado con una base tributaria que no alcanza a cubrir el nivel de erogaciones. La sostenibilidad dependerá de la capacidad para elevar ingresos, mejorar la productividad del gasto o contener el crecimiento de las obligaciones. El déficit pasó de 3% a 3,7% del PIB. El resultado primario fue ligeramente negativo, en 0,2%, y la deuda bruta subió de 46,2% a 48,1%.

Los siete países analizados ofrecen contratos fiscales diferentes.

El Salvador pide el mayor esfuerzo tributario y alcanzó el equilibrio presupuestario. Nicaragua combina impuestos altos con superávit y reducción de deuda. Guatemala recauda y gasta poco. Costa Rica conserva una fuerte orientación educativa y social, pero enfrenta una deuda elevada. Honduras destina una proporción importante al funcionamiento general y la educación. República Dominicana mantiene una brecha persistente entre ingresos y gastos. Panamá cobra menos impuestos, pero traslada una parte significativa de la factura hacia el endeudamiento.

No existe un único modelo correcto. Una sociedad puede elegir pagar más a cambio de servicios públicos amplios, o limitar el tamaño del Estado y preservar mayor espacio para el gasto privado. Pero cualquier elección sostenible necesita coherencia entre lo que se promete, lo que se cobra y lo que realmente puede financiarse.

Al final, el presupuesto es la declaración política más concreta de un gobierno. Allí desaparecen los eslóganes y aparecen las prioridades: cuánto toma del ciudadano, qué le devuelve y cuánto deja pendiente para quienes pagarán mañana.

Fuente: Informe Regional de Estadísticas de Finanzas Públicas, edición número 11, agosto de 2026, con información preliminar a diciembre de 2025. Elaborado por SECOSEFIN, SECMCA y CAPTAC-DR.