Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com
Panamá parece encaminado a cumplir la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en 2026. El déficit disminuye, los ingresos crecen y el Gobierno sostiene que no solicitará otra modificación de la norma.
Pero, detrás de esa mejora emerge una pregunta más exigente para inversionistas, empresarios y calificadoras: ¿está el país construyendo una posición fiscal sostenible o está comprando tiempo mediante una reducción de la inversión pública?
Los datos disponibles respaldan, por ahora, el optimismo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Entre enero y mayo de 2026, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se situó en B/.1.729,6 millones, equivalente a 1,82% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a 2,46% en el mismo período de 2025.
El déficit primario —que excluye el pago de intereses— también mejoró, al pasar de 1,11% a 0,52% del PIB. Los ingresos totales crecieron 9,5%, mientras el gasto apenas aumentó 0,3%, según el balance fiscal del MEF.
La trayectoria representa un cambio considerable respecto de 2024, cuando el déficit alcanzó 6,2% del PIB. En 2025 bajó a 3,7%, por debajo del límite legal de 4%. La meta desciende a 3,5% en 2026 y a 3% en 2027.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, asegura que el próximo presupuesto respetará esa ruta sin modificar la ley. El compromiso es relevante: después de sucesivas excepciones y ajustes al límite fiscal, el mercado necesita saber si la regla vuelve a funcionar como un ancla o si continuará adaptándose cuando las cuentas públicas se alejen de la meta.
Sin embargo, cumplir el número no resuelve por sí solo el problema. Para valorar la fortaleza del ajuste hay que observar no solamente cuánto bajó el déficit, sino cómo se consiguió.
La inversión se convierte en la válvula del ajuste
La mejora fiscal panameña ha combinado mayor recaudación, contención del gasto y una reducción importante de los desembolsos de capital. También ha incorporado ingresos extraordinarios, entre ellos una venta de terrenos a la Autoridad del Canal de Panamá equivalente a alrededor de 0,2% del PIB.
Fitch Ratings considera que el Gobierno podrá cumplir la meta de 3,5% en 2026. Pero la calificadora señala que el resultado estará apoyado tanto por esa operación extraordinaria como por una nueva disminución del gasto de capital, estimada en 7,5%, después de que la inversión ya había alcanzado en 2025 un mínimo de dos décadas.
La reducción de inversión es una herramienta fiscal eficaz en el corto plazo. Es más sencillo aplazar una obra que modificar salarios, pensiones, subsidios o transferencias establecidos por ley. También genera menos resistencia inmediata que una reforma tributaria. Su costo aparece después.
Menos inversión pública significa menor demanda para constructoras, proveedores, transportistas, firmas de ingeniería y servicios profesionales. Puede frenar la creación de empleo, retrasar proyectos logísticos y urbanos y reducir la productividad futura de la economía.
Por eso, un país puede mejorar su déficit y debilitar simultáneamente uno de los motores que necesitará para sostener esa mejora.
El ajuste corre el riesgo de volverse circular: se recorta inversión para ordenar las cuentas, pero la menor actividad limita el crecimiento, la generación de empleo formal y la recaudación que deberían reducir el déficit de manera permanente.
No toda disminución interanual del gasto de capital supone necesariamente la cancelación de proyectos. El MEF argumenta que la comparación con 2025 está influida por desembolsos extraordinarios realizados aquel año en infraestructura sanitaria. También sostiene que la ejecución de 2026 continúa de acuerdo con la programación de las obras.
La advertencia de las calificadoras, sin embargo, apunta a una tendencia más amplia: si la inversión vuelve a ser la principal variable de ajuste en 2027, el cumplimiento de la regla podría resultar fiscalmente correcto, pero económicamente insuficiente.
La deuda deja menos espacio para gobernar
La segunda restricción es la deuda. Al cierre de mayo de 2026, el saldo de la deuda pública alcanzó B/.61.871,6 millones. Aunque se mantuvo prácticamente estable respecto de abril, todavía era casi 10% superior al registrado un año antes.
El costo promedio ponderado disminuyó de 4,97% en diciembre de 2025 a 4,65% en mayo de 2026, una mejora atribuida a las operaciones de manejo de pasivos. Pero el monto destinado al servicio de la deuda continúa absorbiendo una proporción elevada de los recursos públicos.
Entre enero y mayo, los pagos de intereses sumaron B/.1.235,3 millones. Fitch proyecta que esta carga se estabilizará en 2027 ligeramente por debajo de 20% de los ingresos del Gobierno, casi el doble de la mediana de 10,9% correspondiente a países con la misma calificación crediticia.
Esta es una de las variables que más importa a inversionistas y empresarios. El problema no es solamente el nivel de endeudamiento, sino cuánto presupuesto queda disponible después de atenderlo.
Una carga de intereses cercana a una quinta parte de los ingresos reduce la capacidad para invertir, responder a un shock económico o financiar nuevas políticas sin recurrir a más deuda. También aumenta la sensibilidad del país ante cambios en las condiciones financieras internacionales.
Panamá cuenta con ventajas que moderan ese riesgo: una economía dolarizada, el Canal, una plataforma logística global, un sistema financiero desarrollado y acceso a los mercados internacionales. Pero no dispone de moneda propia ni de un banco central que pueda actuar como prestamista soberano de última instancia. La confianza fiscal cumple, por ello, una función particularmente importante.
Fitch confía; Moody’s espera pruebas más duraderas
Las evaluaciones de riesgo ofrecen una fotografía dividida.
Fitch mantiene a Panamá en BB+, sin grado de inversión, pero con perspectiva estable. La agencia proyecta un crecimiento económico de 4% en 2026 y espera que la consolidación frene el aumento de la deuda, que podría estabilizarse en 2027. También reconoce la fortaleza del Canal, el transporte, el comercio y la construcción.
Sin embargo, mantiene bajo observación el elevado costo de los intereses, las rigideces del gasto, el desempleo, la informalidad y los riesgos relacionados con los próximos vencimientos de deuda.
Moody’s conserva la calificación Baa3, el último escalón del grado de inversión, con perspectiva negativa. Reconoce los avances de 2025, pero considera frágil el proceso de consolidación debido a la estrecha base tributaria, las obligaciones presupuestarias y los riesgos políticos para implementar reformas permanentes.
La agencia prevé que la deuda se estabilice alrededor de 66%-67% del PIB en el mediano plazo. Sin embargo, advierte que preservar la calificación dependerá de la capacidad del Gobierno para reducir el déficit de forma sostenible, ampliar los ingresos y mejorar la transparencia fiscal.
S&P Global Ratings, por su parte, mantiene a Panamá en BBB- con perspectiva estable. En conjunto, las tres evaluaciones colocan al país en una frontera delicada: dos agencias todavía le reconocen grado de inversión, mientras una ya se lo retiró. En esa posición, cada presupuesto es también una señal al mercado.
El crecimiento ayuda, pero ya no alcanza
Panamá continúa creciendo por encima de buena parte de América Latina. El Banco Mundial proyecta una expansión de 3,9% en 2026 y de 4,1% en 2027 y 2028, impulsada principalmente por los servicios financieros, la logística y las actividades relacionadas con el Canal.
Ese crecimiento facilita la consolidación porque amplía la economía sobre la cual se calculan el déficit y la deuda. Pero ya no tiene la fuerza suficiente para resolver automáticamente los desequilibrios.
Durante largos períodos anteriores a la pandemia, Panamá creció a tasas cercanas a 6%. El cierre de la mina Cobre Panamá, la culminación de grandes proyectos, la sequía que afectó al Canal y la menor inversión alteraron esa dinámica.
A ello se suman un mercado laboral débil y una informalidad cercana a 53%, según el Macro Poverty Outlook del Banco Mundial. La expansión de los sectores más dinámicos no se traduce automáticamente en suficiente empleo formal ni en una ampliación rápida de la base tributaria.
El Banco Mundial calcula que los ingresos públicos pasarían de 17,7% del PIB en 2026 a 18,1% en 2027. La mejora ayudaría a reducir el déficit, pero depende de una recaudación más eficiente y de reformas que todavía enfrentan resistencias.
El Gobierno ha descartado aumentos generalizados de impuestos. Por tanto, su margen descansa en combatir la evasión, revisar exoneraciones, fortalecer la administración tributaria, mejorar el rendimiento de los activos estatales y contener el gasto rígido.
Una eventual reapertura de Cobre Panamá podría aportar ingresos y sumar crecimiento. Fitch estima que la mina podría añadir alrededor de dos puntos porcentuales al PIB real. Sin embargo, su futuro continúa sujeto a decisiones jurídicas, ambientales, sociales y políticas. Incorporarla anticipadamente como solución fiscal supondría tratar un escenario como si fuera un ingreso asegurado.
La Caja de Seguro Social estrecha el margen. La reforma de la Caja de Seguro Social (CSS) redujo parte de la presión inmediata sobre las cuentas públicas, pero no eliminó el desafío. Entre enero y mayo de 2026, los ingresos corrientes de la CSS aumentaron B/.267,7 millones. Al mismo tiempo, su gasto creció 8,3%, impulsado por los pagos de pensiones y jubilaciones y por el aumento de la población beneficiaria.
La diferencia importa porque el envejecimiento poblacional y las obligaciones previsionales no son shocks transitorios. Constituyen presiones permanentes que competirán con la inversión pública, la educación, la salud y el servicio de la deuda.
A esas obligaciones se suman el mandato de destinar recursos equivalentes a 7% del PIB a educación, los aumentos salariales automáticos en algunas áreas del sector público, las leyes especiales y la demanda de subsidios ante aumentos en combustibles, transporte o alimentos.
El margen político es, por tanto, menor que el margen contable.
Reducir estas rigideces exige negociar con la Asamblea Nacional, gremios, sindicatos y sectores beneficiados. Aumentar los ingresos implica enfrentar intereses favorecidos por exoneraciones o introducir cambios tributarios que el Ejecutivo no parece dispuesto a impulsar de manera general.
Recortar inversión vuelve a aparecer como la salida menos conflictiva. También como la menos sostenible si se utiliza repetidamente.
La falta de una señal clara también tiene un costo
El Gobierno no necesita convencer al mercado únicamente de que cumplirá en 2026. Debe mostrar cómo bajará el déficit a 3% en 2027 sin deteriorar la capacidad productiva.
La ausencia de esa señal no produciría necesariamente una crisis inmediata. El efecto sería más gradual: una prima de riesgo mayor, financiamiento más costoso y decisiones de inversión aplazadas.
Cuando el soberano paga más por endeudarse, el impacto puede trasladarse a bancos, empresas y proyectos. Los inversionistas también incorporan la posibilidad de nuevos impuestos, recortes abruptos, acumulación de pagos pendientes o menor ejecución de obras públicas.
En la economía doméstica, la incertidumbre fiscal se transmite por otras vías. Los contratos públicos se reducen, los proveedores reciben menos órdenes, la construcción pierde dinamismo y las empresas adoptan una posición más cautelosa frente al empleo y la expansión.
En una economía que necesita que la inversión privada releve parcialmente al gasto público, la credibilidad no es una variable abstracta. Determina si el capital entra, espera o busca otro destino.
El presupuesto de 2027 será la prueba. El proyecto presupuestario de 2027 deberá conciliar tres objetivos difíciles: reducir el déficit de 3,5% a 3% del PIB, atender las obligaciones crecientes de la deuda y la CSS, y evitar que la inversión vuelva a cargar con la mayor parte del ajuste.
La promesa de Chapman de respetar la ley fiscal sin modificarla representa una señal inicial. Pero la credibilidad dependerá de los detalles: qué ingresos serán permanentes, qué supuestos económicos sostendrán la recaudación, qué gasto se reducirá y cuáles proyectos de inversión serán protegidos.
Con información del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Fitch Ratings, Moody’s Ratings, S&P Global Ratings, Banco Mundial, La Estrella de Panamá, Panamá América e Infobae.
