Por revistaeyn.com
La compañía CK Hutchison Holding pidió a Panamá las posibilidades de seguir operando los puertos de Balboa y Cristobal, después que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre ambas partes.
“Solicitamos que haya una mesa de conversación entre C. K. Hutchinson y los representantes del Ejecutivo para buscar una solución razonable”, dijo Alejandro Kouruklis, vocero de la filial de Hutchison que opera los puertos, en una entrevista en Radio Red.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló en enero el contrato que ha permitido a Hutchison administrar los dos puertos. Tras esa decisión, Panamá anunció que la compañía danesa Maersk tomaría esas terminales.
La concesión había sido adjudicada en 1997 mediante licitación internacional y permitía a PPC el desarrollo, administración y operación de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. La interventoría sostuvo que la prórroga del contrato habría generado pérdidas superiores a los US$1.000 millones en ingresos fiscales y que la empresa no contaba con las autorizaciones necesarias para extender el acuerdo.
La concesión ha estado rodeada de denuncias de supuesta corrupción y acusada de plasmar condiciones desfavorables y lesivas para el Estado panameño, que posee el 10 % de las acciones de PPC.
La sentencia de la Corte Suprema es definitiva y no admite recurso, aunque abre la posibilidad de solicitudes de aclaración o de que la empresa recurra a instancias de arbitraje internacional.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que los puertos de Balboa y Cristóbal serán sometidos a una nueva concesión, y que el proceso de transición, que comenzará una vez superado el trámite de la ejecución del fallo judicial, incluye la operación transitoria de ambos por parte de APM Terminal Panamá, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk (Países Bajos).
Con información de La Estrella de Panamá