Por revistaeyn.com
El Gobierno de Guatemala emitirá este mes el decreto presidencial que fijará la nueva remuneración base, un anuncio que mantiene en vilo tanto a empresas como a trabajadores, mientras se afinan los presupuestos del próximo año.
Aunque el Gobierno guatemalteco ya inició los estudios técnicos, aún no se ha comunicado la fecha exacta en la que se dará a conocer la resolución. La falta de acuerdos dentro de la Comisión Nacional del Salario (CNS) trasladó nuevamente la responsabilidad al presidente Bernardo Arévalo de León, quien por segundo año consecutivo deberá determinar el incremento.
Francisco Ralda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), advirtió que la ausencia de consensos podría desembocar en un ajuste significativo. Según sus cálculos, si se suma el incremento del 10 % aprobado para 2025 y el 6 % otorgado en 2024, más un posible aumento adicional para 2026, el alza acumulada superaría con facilidad el 20 %.
Ralda señaló que el impacto sería especialmente fuerte en actividades intensivas en mano de obra, como la agricultura, donde el costo laboral representa más del 80% de los gastos operativos. “La rigidez del marco legal guatemalteco dificulta la competitividad”, afirmó, al comparar la situación con el modelo peruano, que favoreció la expansión agroindustrial mediante mayor flexibilidad laboral.
El sector empleador había propuesto incrementos entre el 2 % y el 4 % dentro de la CNS, cifras consideradas razonables por Agexport. Para el directivo, un diálogo de largo plazo, que incorpore indicadores de productividad y rendimiento, es la única vía para equilibrar expectativas entre trabajadores y empresas.
Una inquietud similar comparte la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). Su presidente, Enrique Font, enfatizó que el reajuste salarial no debería responder a motivaciones políticas, sino a criterios técnicos respaldados por organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Font añadió que un aumento desmedido puede alejar aún más a los trabajadores que hoy no reciben la paga mínima de una eventual incorporación al sistema de Seguridad Social. “El reto es cómo lograr que más personas tengan acceso al salario mínimo y, por ende, al IGSS. Pero incrementos abruptos provocan lo contrario”, señaló. También advirtió que las pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas por un alza elevada.
FRENO A LA INVERSIÓN
Desde la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), su director ejecutivo, José Andrés Ardón, insistió en que la discusión debe girar en torno a conceptos como productividad, gradualidad y diferenciación territorial. A su juicio, ajustes elevados —como los aprobados en el ciclo anterior— pueden desacelerar la expansión del empleo formal, frenar inversiones y encarecer bienes y servicios.
Ardón subrayó que el debate salarial también debe insertarse en una estrategia más amplia de competitividad nacional, que incluya promoción de inversiones, simplificación de trámites y mayor certeza jurídica.
La directora ejecutiva de Camagro, Carla Caballeros, recordó que el mecanismo actual lleva años sin producir resultados satisfactorios, principalmente por la alta informalidad laboral. En el área rural, señaló, más del 85 % de los trabajadores del agro operan fuera de la formalidad, lo que limita el alcance real del salario mínimo.
Caballeros recalcó que las políticas públicas deberían centrarse en generar empleo y no únicamente en modificar la paga base, pues los aumentos pueden restringir la capacidad de crecimiento empresarial y frenar nuevas contrataciones.
Con información de Prensa Libre
