Por Norma Lezcano - Estrategia & Negocios
Los resultados del estudio El Valor de la Confianza 2025, en la órbita de los poderes del Estado y organismos de seguridad, revelan un panorama de debilitamiento institucional que se extiende por toda Centroamérica.
Los datos plantean una alerta concreta: la confianza ciudadana hacia los principales pilares del Estado está en mínimos históricos, en una tendencia que persiste desde hace al menos tres años.
A escala regional, sólo 1% del público (como promedio entre Público Informado y General) tiene confianza en el Sistema Judicial y 4,4% en el Poder Ejecutivo. Destaca la bajísima afiliación de parte del Público Informado (PI), ya que en ese segmento a sólo 1,3% le inspira confianza ese poder del Gobierno.
Los magros resultados se repiten cuando las instituciones medidas son las vinculadas a seguridad. Apenas 2,2% promedio de los públicos consultados siente confianza por las fuerzas policiales, y 2,5% por las fuerzas armadas.
La organización Fund for Peace, que elabora el Índice de Estados Frágiles, advierte que un estado fallido es aquel “cuya estructura política pierde legitimidad ante su población”. La legitimidad genera confianza y la confianza fortalece la legitimidad; la pérdida de una debilita a la otra. Esa es la dinámica que compromete, a mediano y largo plazo, a los países de la región debido a la percepción que tiene la ciudadanía respecto de las instituciones de sus gobiernos.
Si se observan los datos históricos se comprueba que esta deslegitimación lleva ya al menos un ciclo de tres años.
En ese período, la confianza del PI en el Poder Ejecutivo fue de 1% en 2023; subió a 3,2% en 2024 y en 2025 volvió a retroceder a 1%. Más impactante, aún, es lo que ocurre con el Sistema Judicial, poder que en los últimos tres años registra una confianza promedio de 0,6%.¿Por qué importa levantar la mano y hablar de esto? Identificar señales tempranas de fragilidad estatal permite a las sociedades prevenir crisis más profundas. Un Estado no se “cae” de un día para otro: es un proceso de deterioro progresivo.
QUÉ OCURRE EN CADA PAÍS
Si se desglosa la radiografía por país, se advierten matices pero la tendencia es muy similar y sistémica. El Salvador anotó un nivel de confianza promedio (entre PI y PG) en su Poder Ejecutivo de 11,65%, pero a su vez registra una pérdida generalizada de confianza hacia el conjunto de las instituciones. Un 22% promedio apeló a la respuesta “Ninguna”, cuando el promedio regional es de 15%.
Si se confrontan los resultados del Estudio El Valor de la Confianza con otras investigaciones que miden la salud de las democracias, los datos se hacen más consistentes aún.
El Salvador, por ejemplo, tiene una puntuación de 0,43 en el Índice de Estado de Derecho (IDE 2024), que elabora el World Justice Project, donde 1 indica la mayor adherencia al Estado de Derecho. Según este indicador, el país tiene aceptable desempeño en el factor `orden y seguridad` (0,71), pero pésima performance en `justicia penal` (0,22). Nicaragua muestra una confianza promedio de 7% en el Poder Ejecutivo, en línea con su baja calificación de 0,34 en el IDE, que lo ubica en la posición 137 (de 142 países), en el Ranking del WJP.
El desbalance entre concentración de poder y percepción ciudadana alimenta una pérdida acelerada de legitimidad.
El desempeño de las instituciones del Estado en Guatemala revela el mismo nivel de deterioro. Este año, el estudio muestra que sólo 0,9% del Público Informado manifiesta confianza en su Poder Ejecutivo, y 1,3% del Público General.
El gobierno se proyecta como una “institución que no funciona”, porque no garantiza las expectativas de la ciudadanía. Tal realidad se complejiza si se toma en cuenta que el Sistema Judicial logra apenas 0,4% promedio de manifestación de confianza.
En este caso, el IDE vuelve a avalar los resultados del Estudio El Valor de la Confianza: Guatemala registra una puntuación de sólo 0,44 en el Índice de Estado de Derecho, por el impacto de los factores` justicia penal` y `ausencia de corrupción`.
Los dos países de economías más desarrolladas —Costa Rica y Panamá— no escapan a la tendencia general. En Costa Rica, el 7,7% del PG confía en el Poder Ejecutivo, y en Panamá, apenas 2,6%. En ambos países, el deterioro de la confianza hacia la Justicia es todavía mayor: sólo 4,5% de costarricense manifiestan confianza en el sistema judicial y 1,3% de los panameños. Aunque Costa Rica está entre los primeros 30 países (sobre 142) del ranking de Estado de Derecho, comenzó a manifestar menores rendimientos en los factores `ausencia de corrupción`, `justicia civil` y `justicia penal`.
Ello se ve constatado en la pérdida de confianza de su sociedad en las instituciones de gobierno. Panamá, en tanto, que figura a mitad del ranking (posición 72), también muestra una caída en los resultados referidos a `ausencia de corrupción` y `justicia penal`. La ciudadanía resiente esa descomposición de sus instituciones y retira su confianza.
Finalmente, Honduras emerge como un caso relevante por ser el país donde el Público Informado manifiesta menor confianza por su Poder Ejecutivo (sólo 0,3%). En el segmento Público General, trepa un poco y llega a 5%. En ambos segmentos de encuestados se registra bajísima confianza hacia la Justicia, con un porcentaje promedio de 0,65%. Hoy Honduras está en el puesto 116 del ranking de Estado de Derecho, con un deterioro absoluto de su factor `justicia penal` (0,27).
