Por: Norma Lezcano - revistaeyn.com
Durante años, la desinformación fue vista como un problema vinculado casi exclusivamente a las plataformas digitales, la política o el debate público.
Pero el fenómeno empezó a mostrar otra cara: la de un riesgo económico transversal, capaz de afectar decisiones de consumo, alterar mercados, erosionar marcas, disparar fraudes y encarecer la operación de empresas e instituciones.
Un estudio reciente de la consultora francesa Sopra Steria, citado por diversos medios especializados, estimó que el impacto económico global de la desinformación rondó los US$ 417.000 millones en 2024 y podría acercarse a US$ 500.000 millones anuales al considerar sus múltiples efectos sobre finanzas, salud pública, política, reputación y cohesión social.
Más que una cifra cerrada, el dato funciona como una señal de escala. La desinformación ya no es solo un problema informativo, sino un costo creciente para la economía real.
La advertencia puede leerse en un contexto más amplio aún. El World Economic Forum (WEF) viene señalando que la desinformación y la "misinformation" figuran entre los principales riesgos globales de corto plazo, al punto de ubicarlas como uno de los factores que más amenazan la estabilidad, la gobernabilidad y la confianza en los próximos años.
Un costo invisible
El gran desafío para medir la desinformación es que buena parte de su impacto no aparece etiquetado como tal en los balances.
No figura como una línea específica de gasto, pero se traduce en pérdidas muy concretas: más fraude, más litigios, más monitoreo, más inversión en verificación, más daño reputacional y más ruido a la hora de tomar decisiones.
En términos empresariales, la desinformación opera como una especie de “impuesto invisible” sobre la actividad económica. Obliga a compañías, plataformas, gobiernos y consumidores a destinar más recursos a validar información, proteger reputaciones, reforzar ciberseguridad, vigilar canales de venta y contener crisis.
Ese costo aparece con fuerza en el frente más tangible: el fraude. La Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos reportó que los consumidores perdieron más de US$ 12.500 millones por fraude en 2024, un salto de 25% respecto del año anterior. Solo en fraudes de inversión, las pérdidas reportadas alcanzaron US$ 5.700 millones, mientras que las estafas por suplantación de identidad también siguieron creciendo.
Desinformación y fraude
Aunque no todo fraude es desinformación, la conexión es cada vez más estrecha. Falsas promesas de inversión, ofertas laborales engañosas, suplantación de identidad, campañas manipuladas y contenidos generados con inteligencia artificial forman parte de una misma economía de la manipulación.
Para los negocios, uno de los terrenos más sensibles es el de la confianza comercial. En un entorno donde buena parte del consumo se decide en línea, la información falsa o manipulada puede distorsionar ventas, reputación y percepción de valor.
Un ejemplo concreto son las reseñas falsas, que hoy forman parte del ecosistema de desinformación comercial. La FTC endureció en 2024 su marco contra este tipo de prácticas, incluyendo testimonios fabricados, opiniones generadas con IA o recomendaciones pagadas que se presentan como genuinas.
El problema no es menor. Estas tácticas no solo engañan al consumidor, sino que también desvían demanda, adulteran la competencia y penalizan a las empresas que compiten de forma legítima.
Para una compañía, el daño puede expresarse de distintas maneras:
● pérdida de ventas por campañas falsas o rumores;
● deterioro reputacional acelerado en redes;
● manipulación de percepción sobre productos o servicios;
● aumento del costo de atención al cliente y gestión de crisis;
● necesidad de reforzar compliance, monitoreo y validación de contenido.
En otras palabras, la desinformación no solo afecta a quien “cae” en un engaño; también castiga a quienes dependen de la confianza para operar.
Mercados más frágiles, decisiones más ruidosas
El impacto se vuelve todavía más delicado en sectores como el financiero, donde la calidad de la información es parte de la infraestructura misma del negocio.
En estos entornos, una narrativa falsa o manipulada puede alterar decisiones de ahorro, inversión, consumo o crédito.
Por eso, varios análisis recientes empiezan a tratar la desinformación no como un fenómeno lateral, sino como un riesgo sistémico. No se limita a un daño reputacional puntual o a una campaña viral, sino que puede amplificar volatilidad, afectar percepción de riesgo y generar reacciones desproporcionadas en consumidores, inversores o actores institucionales.
El propio WEF ha vinculado la desinformación con un deterioro más amplio de la capacidad de coordinación social e institucional, una variable clave para la economía. Cuando cae la confianza, suben los costos de transacción: verificar se vuelve más caro, decidir se vuelve más lento y operar se vuelve más incierto.
El tema involucra también a los directorios
Uno de los cambios más relevantes es que la desinformación empieza a salir del terreno exclusivo de comunicación, prensa o asuntos públicos para entrar en la lógica de gestión de riesgo corporativo.
Eso implica un cambio de enfoque. Ya no alcanza con “responder una crisis” cuando estalla un contenido falso. Cada vez más empresas tendrán que pensar la integridad informativa como parte de su arquitectura de resiliencia, igual que hoy hacen con ciberseguridad, fraude, cumplimiento o cadena de suministro.
El paralelismo con la ciberseguridad es útil: durante años fue vista como un asunto técnico; después pasó a ser una prioridad de directorio. La desinformación parece recorrer un camino parecido. Y la expansión de herramientas de IA generativa solo acelera esa transición.
En síntesis: en una economía cada vez más digital, la confianza dejó de ser solo un intangible reputacional; es una infraestructura de negocio. Y cuando esa infraestructura se debilita, el impacto deja de ser solo reputacional. Se convierte en un problema de ventas, inversión, estabilidad y crecimiento.
