Por revistaeyn.com
La línea de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de Costa Rica representa un fuerte respaldo a las políticas macroeconómicas y al marco institucional del país, dice Fitch Ratings.
También ayuda a la flexibilidad financiera, ya que la autorización de emisión de bonos externos está estancada en el Congreso, pero no compensará completamente las restricciones de endeudamiento autoimpuestas que solo pueden levantarse cambiando la Constitución.
El FMI aprobó el acuerdo de dos años bajo la Línea de Crédito Flexible (LCF) el 2 de junio, señalando que "proporcionará un seguro valioso" contra el aumento de los riesgos externos y que las autoridades costarricenses "tienen la intención de tratar el acuerdo de la LCF como precautorio".
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La línea de crédito de US$1.500 millones representa el 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) y alrededor del 20 % de las necesidades de financiación del gobierno central en 2025, "lo que la convierte en un importante colchón", dice Fitch.
Métricas externas más sólidas contribuyeron a la revisión de Fitch de la Perspectiva de la calificación 'BB' de Costa Rica a Positiva en febrero de 2025, junto con varios años de crecimiento económico por encima del potencial y una trayectoria de deuda en constante declive. Las mejoras estructurales del déficit por cuenta corriente (del 3,3 % en 2022 al 1,4 % del PIB en 2024), respaldadas por un sector exportador dinámico y unas entradas récord de IED, han dado lugar a la acumulación de reservas.
RESERVAS CRECEN
Las reservas internacionales se duplicaron con creces, pasando de US$6.900 millones a finales de 2021, o 3,1 meses de pagos externos actuales, a US$14.200 millones a finales de 2024 (4,2 meses) y han seguido aumentando en 2025.
Fitch agrega que las mejoras en la posición externa de Costa Rica hacen poco probable que requiera el apoyo tradicional a la balanza de pagos. Sin embargo, la LCF proporciona un amortiguador que mitiga los obstáculos políticos al financiamiento del mercado externo, que requiere una mayoría de dos tercios del Congreso, además de la aprobación presupuestaria para todos los préstamos externos.
Esto puede limitar el acceso oportuno a los mercados internacionales de capital, como durante la pandemia de Covid-19, cuando Costa Rica no pudo emitir externamente y enfrentó mayores costos de endeudamiento interno. "Creemos que es poco probable que los esfuerzos para aprobar una enmienda constitucional que elimine las restricciones a la financiación externa ganen impulso antes de las elecciones previstas para febrero de 2026", señala.
En la actualidad, los incentivos para contraer préstamos en el marco de la LCF parecen limitados. El profundo mercado de deuda local de Costa Rica ofrece un amplio financiamiento para los déficits fiscales que se han reducido notablemente desde la pandemia de Covid-19 (pronosticamos que el déficit del gobierno central disminuirá al 3,1 % del PIB este año, después de que las medidas de gasto puntuales lo ampliaran al 3,8% en 2024).
Sin embargo, la posibilidad de que el estancamiento político obstaculice la flexibilidad del financiamiento externo es una debilidad del crédito soberano de larga data. Una autorización de endeudamiento externo a tres años aprobada en noviembre de 2022 permitió la emisión de US$3.000 millones en 2023, pero impidió la emisión el año pasado, cuando no se alcanzaron los objetivos fiscales implícitos.
Continúan las discusiones sobre una versión revisada de la ley de eurobonos que podría permitir los US$2.000 millones restantes en financiamiento del mercado externo para 2025 y 2026, y la oposición ha propuesto una nueva versión de la ley que autorizaría el endeudamiento externo más allá de dos años. Pero el resultado de estas iniciativas sigue siendo incierto.
Costa Rica es el único país latinoamericano en la categoría 'BB' con una FCL, luego de la reciente suspensión de la de Colombia (BB+/Negativa) debido a preocupaciones fiscales.
