Por revistaeyn.com
El programa del FMI de El Salvador alivia las restricciones de financiamiento y apoyará la consolidación fiscal, reduciendo las necesidades de financiamiento, dice Fitch Ratings.
La mejora de los procesos de financiamiento, también impulsada por la recuperación del acceso al mercado por parte de El Salvador, impulsó la mejora de la calificación soberana de Fitch a ‘B-’/Estable desde ‘CCC+’ el 7 de enero.
El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un Servicio Ampliado del FMI (SAF) a 40 meses por US$1.400 millones para El Salvador, tras haber alcanzado un acuerdo a nivel de personal técnico con las autoridades salvadoreñas en diciembre. El 60 % del programa se utilizará para apoyo presupuestario, incluida la creación de depósitos en el banco central, y el resto se asignará al banco central para aumentar las reservas internacionales brutas. El SAF debería desbloquear unos US$2.000 millones de fondos multilaterales adicionales en los próximos años.
El partido del presidente Nayib Bukele tiene una mayoría dominante en la Asamblea Legislativa, lo que debería garantizar que se promulguen las medidas acordadas. Fitch considera que “el programa no está exento de riesgos de ejecución, pero su diseño, que inicialmente incluirá revisiones trimestrales antes de pasar a un seguimiento semestral, y la insistencia del FMI en que se requerirán acciones previas en todas las áreas clave para los desembolsos, son atenuantes”.
El programa tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad fiscal mediante la mejora del saldo primario del sector público no financiero (SPNF) en aproximadamente 3,5 puntos porcentuales del PIB durante tres años. El presupuesto de 2025 ya establece las medidas destinadas a lograr el ajuste inicial de 1,5 pp y Fitch prevé una mejora mayor de 1,8 pp este año, lo que llevaría a un superávit primario de 1,2 % del PIB en 2025.
“Los desafíos en la implementación del ajuste del gasto y la posible disminución de los beneficios de las medidas de administración tributaria pueden hacerse más evidentes en 2026, cuando el programa se centre en las reformas de los ingresos para ampliar la base impositiva”, indica Fitch.
DEUDA PÚBLICA
Además, la carga de intereses es elevada a pesar del período de gracia de cuatro años sobre la deuda relacionada con las pensiones concedido al Gobierno después de que completara un canje de deuda con fondos de pensiones privados en mayo de 2023.
La deuda pública de El Salvador, que estiman en 87,6 % del PIB en 2024, está muy por encima de la mediana de las calificaciones (50,3 %) y es una debilidad clave de la calificación soberana. Fitch prevé una consolidación a nivel del gobierno general en el marco del programa para mantener estable la relación deuda pública/PIB este año y llevar a un ligero descenso hasta el 87,5 % en 2026.
El SAF y otros tipos de financiación multilateral, así como un déficit en cuenta corriente manejable en 2025, respaldarán las reservas brutas de los bancos centrales, reforzando la resiliencia a las perturbaciones. Los desembolsos del FMI y el mayor financiamiento multilateral se incorporan en nuestro pronóstico de que las reservas seguirán aumentando en 2025, a US$4.400 millones, fortaleciendo la capacidad de pago de la deuda a corto plazo. El éxito de la consolidación fiscal podría permitir una mayor emisión en el mercado internacional.
“La aprobación del SAF desbloqueará suficientes recursos para aumentar cómodamente los colchones de liquidez del sistema bancario al 15 % de los depósitos a finales del segundo semestre de 2026, desde el 11,5 %”, considera Fitch.
Sin embargo, las políticas de inmigración más estrictas y una postura comercial más proteccionista de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump podrían presentar riesgos para las perspectivas de crecimiento de El Salvador, mientras que los exportadores podrían verse presionados si el dólar vuelve a fortalecerse.
Un obstáculo para acordar el SAF fue la adopción de bitcoin como moneda de curso legal por parte de El Salvador. El programa incluye reformas legales para hacer voluntaria la aceptación del bitcoin por parte del sector privado, mientras que los impuestos deberán pagarse en dólares. El programa tiene como objetivo mejorar la transparencia, la regulación y la supervisión de los activos digitales.
