Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com / Agencia EFE
Según las proyecciones del personal del Fondo Monetario Internacional (FMI), los activos de la cuenta de garantía solidaria (CGS) para el pago de pensiones en El Salvador se agotarían en 2027 por lo que dicen es necesaria una reforma integral del sistema previsional.
Cabe recordar que la reforma previsional aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2017 creó la CGS, la cual funciona como un fondo común hacía el que se destina un porcentaje de la tasa de cotización, encargándose del financiamiento del costo de transición y otros beneficios establecidos en la ley SAP (pensión mínima y pensión por longevidad) y se financia con el 5 % de la tasa de cotización de los empleados.
Ya un estudio actuarial sobre la CGS, realizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), señaló que, bajo ciertos parámetros, a partir del año 2027 los ingresos y los remanentes capitalizados de la CGS “no serán suficientes para hacer frente a sus obligaciones”.
La misión del FMI explica que la siguiente reforma previsional, hecha en diciembre de 2022, estableció una garantía gubernamental explícita sobre el CGS de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y creó un pasivo contingente del Sistema de Ahorro Previsional (SAP).
De hecho, al aumentar el tamaño de las pensiones mínimas tanto para el Sistema Público de Pensiones (SPP) como para el SAP, la reforma colocó los beneficios previsionales privados, en promedio, por encima de los ahorros acumulados en las cuentas individuales. Como resultado, las AFP ya han comenzado a recurrir al CGS para pagar las pensiones y el stock de activos en la CGS “comenzó a disminuir en 2023”.
Según las proyecciones del personal del FMI, los activos de la CGS se agotarían alrededor de 2027, momento en el que el Gobierno salvadoreño tendría que intervenir, “por montos de alrededor del 0,5 % del Producto Interno Bruto (unos US$179 millones).
MAYOR DEUDA ESTATAL
El Salvador elevó la deuda estatal con los fondos privados de pensiones, alimentados por los trabajadores, en más de US$46 millones en enero para superar los US$10.572 millones en total, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda pasó de US$10.525,96 millones en diciembre de 2024 a US$10.572,40 en enero de 2025, una diferencia al alza de US$46,44 millones.
Estos recursos, que el Gobierno estaría usando para el pago de pensiones de los jubilados del sistema abandonado a finales de la década de 1990, se obtienen mediante unos títulos valores que emite el ISP y que las AFP están obligadas a tomar.
Este instrumento, llamado Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suman desde abril de 2023 a la actualidad un total de US$2.176,67 millones.
A esto se suman US$8.395,73 millones de Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que no pagan capital ni intereses por cuatro años desde la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, a finales de 2022.
En este contexto, el documento del FMI señala que “es necesaria una reforma integral del sistema previsional para contener los déficits fiscales y restablecer la sostenibilidad de las pensiones, al tiempo que se abstienen de medidas que aumenten los pasivos contingentes”.
En concreto, señala que existe el compromiso de contener los posibles costos fiscales asociados a la reforma de las pensiones de 2022, que aumentó los beneficios, desvinculándolos de los saldos acumulados en las cuentas de ahorro individuales, y dispuso que los fondos de pensiones privados financiaran lo que queda del sistema público de reparto anterior.
Las autoridades salvadoreñas deberán reanudar las evaluaciones periódicas de la sostenibilidad del sistema de pensiones y publicarán una evaluación actuarial independiente (a fines de julio de 2025). Una vez concluida esta evaluación, y con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, se publicará una propuesta de reforma a fines de julio de 2026 que se adoptará a partir de 2026 para poner el sistema de pensiones sobre una base sólida, al tiempo que se contienen los costos fiscales y los pasivos contingentes.
