Por: Norma Lezcano /revistaeyn.com
En Centroamérica y México se le llama cabildeo. En Estados Unidos es lobbying. En Argentina, simplemente, rosca política.
En su versión más virtuosa, los especialistas definen esta “gestión de intereses” como el oficio de los armadores políticos, dentro y fuera de escena, capaces de construir acuerdos y consensos para que la maquinaria institucional funcione.
En democracias maduras, el cabildeo puede ser un mecanismo legítimo de intermediación entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.
Sin embargo, en gran parte de América Latina el concepto ha ido derivando hacia una versión más cruda y menos edificante: el discreto encanto —y a veces el perverso encanto— del toma y daca.
La rosca política como intercambio de poder no es, en sí misma, una anomalía. La política siempre ha implicado negociación, transacción y construcción de alianzas. De hecho, en sistemas democráticos complejos, ese juego es un ingrediente inevitable para la gobernabilidad.
El problema es que, en muchos países de la región, esa lógica se ha deteriorado tanto que dejó de ser un instrumento para alcanzar consensos en torno a políticas públicas y pasó a convertirse en un negocio de espacios de poder destinado a sostener carreras individuales o pequeños enclaves de influencia.
Ya ni siquiera se trata de la sostenibilidad de los partidos políticos. En demasiados casos, se trata apenas de la supervivencia del dirigente dentro de su propio “metro cuadrado” de poder.
Pero, tal vez, lo más preocupante no es el deterioro del mecanismo, sino la narrativa que lo legitima. Cada vez con mayor frecuencia, algunos dirigentes políticos pretenden instalar la idea de que la rosca política equivale a hacer política pública y que, por lo tanto, los caudillos —y no los profesionales de la gestión— son quienes están mejor preparados para conducir los gobiernos.
La evidencia empírica muestra exactamente lo contrario.
En América Latina, la confianza ciudadana en los partidos políticos se encuentra entre las más bajas del mundo. De acuerdo con los estudios de Latinobarómetro, apenas alrededor del 13 % de los ciudadanos declara confiar en los partidos políticos, mientras que cerca de siete de cada diez personas consideran que los gobiernos actúan en beneficio de grupos poderosos antes que del interés general.
Esta percepción no surge de la nada. Es el reflejo de un sistema político que, con demasiada frecuencia, parece más ocupado en administrar cuotas de poder que en resolver problemas estructurales.
Los resultados del desarrollo regional son un indicador elocuente de esa disfunción. Según informes recientes de la CEPAL, solo alrededor de una cuarta parte de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible avanza al ritmo necesario para cumplirse hacia 2030, mientras que más del 40 % muestra estancamiento o retrocesos.
Educación, salud, pobreza, productividad, innovación: los grandes desafíos estructurales de la región avanzan a un ritmo insuficiente o directamente se encuentran estancados.
No se trata únicamente de un problema de recursos. En muchos casos es, sobre todo, un problema de calidad institucional y de capacidad de gestión pública.
Diversos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestran que en varios países latinoamericanos menos de la mitad de los funcionarios públicos acceden al servicio civil a través de sistemas meritocráticos, y en algunos casos ese porcentaje cae por debajo del 30 %.
Esto significa que buena parte de la estructura estatal continúa dependiendo de designaciones políticas, lealtades personales o arreglos coyunturales, en lugar de apoyarse en cuerpos profesionales estables capaces de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de largo plazo.
La consecuencia es un Estado que cambia de rumbo cada pocos años, pierde capacidades técnicas y vuelve a empezar desde cero con cada ciclo político.
En paralelo, el costo económico de la mala gobernanza tampoco es menor. Diversos análisis del Banco Mundial estiman que fenómenos como la corrupción, la ineficiencia administrativa o la debilidad institucional pueden representar pérdidas equivalentes a varios puntos del PIB en algunas economías de la región.
En otras palabras, cuando la política se reduce a la disputa por espacios de poder, el costo no es solo institucional. También es económico y social.
Todo esto ocurre en un momento en el que la gestión pública exige capacidades cada vez más sofisticadas. Gobernar hoy implica comprender procesos de transformación tecnológica, gestionar transiciones energéticas, diseñar estrategias de desarrollo productivo, implementar sistemas de innovación, administrar datos, anticipar riesgos climáticos y responder a demandas sociales cada vez más complejas.
Hacer política pública es, en ese sentido, una tarea cada vez más profesional.
Requiere formación en gestión del cambio, innovación institucional, pensamiento estratégico, análisis de datos, desarrollo de políticas basadas en evidencia y metodologías ágiles para la implementación de soluciones.
Pero también exige algo más profundo: trabajar con claridad de propósito, construir visión de largo plazo, definir misiones públicas claras y orientar la acción del Estado hacia resultados medibles que mejoren la vida de las personas.
Nada de eso se resuelve con rosca.
La negociación política seguirá siendo necesaria —y siempre lo será— en cualquier democracia. Pero la política no puede reducirse a ese nivel. Cuando el intercambio de poder se convierte en el centro del sistema, la política deja de ser una herramienta de transformación colectiva y pasa a ser un mecanismo de reproducción de élites.
América Latina necesita recuperar el valor de la política con mayúsculas. Aquella que no se agota en la disputa por cargos, sino que se expresa en la capacidad de diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo.
El tiempo del caudillaje vacío de contenido se está agotando. No solo porque erosiona la confianza democrática, sino porque tampoco logra cumplir siquiera con los objetivos más básicos de la política cotidiana.
Mientras la región continúe confundiendo la rosca con la política pública, seguirá acumulando déficits en educación, salud, productividad, bienestar y cohesión social.
La buena política —la que construye futuro— exige algo más que habilidad para negociar poder. Exige profesionalismo, conocimiento, instituciones sólidas y una convicción profunda de que gobernar es, ante todo, gestionar el bien común.
