Por revistaeyn.com
América Latina y el Caribe enfrenta un nuevo desafío derivado de la creciente incertidumbre global provocada por el conflicto que involucra a Irán. Aunque la región ha mostrado una capacidad de resistencia superior a la observada en crisis anteriores, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que la resiliencia no equivale a inmunidad y que las decisiones de política pública que se adopten ahora serán determinantes para proteger el crecimiento económico y a los sectores más vulnerables.
El organismo señala que el conflicto ha dejado de ser únicamente una disputa geopolítica para convertirse en una perturbación económica de múltiples dimensiones. El aumento de los precios de la energía, las tensiones en las cadenas de suministro y las presiones sobre el mercado mundial de fertilizantes están generando efectos simultáneos sobre la inflación, el crecimiento y las cuentas externas de numerosos países.
Hasta ahora, América Latina y el Caribe ha logrado mantener cierta estabilidad. Las proyecciones de crecimiento económico se han conservado sin cambios significativos desde el inicio del conflicto, mientras que la tasa de desempleo regional ronda el 6 %, su nivel más bajo en más de una década.
Parte de esta capacidad de resistencia proviene de características estructurales de la región. Cerca del 60 % de la generación eléctrica procede de fuentes renovables, una proporción que duplica el promedio mundial y que reduce la exposición directa a las fluctuaciones del precio del petróleo.
Sin embargo, el BID advierte que los riesgos comienzan a hacerse visibles, especialmente a través de los precios de los alimentos. El encarecimiento de la energía y de los fertilizantes ya está trasladándose a los costos de producción agrícola, una situación que afecta con mayor intensidad a las economías dependientes de las importaciones.
Para los hogares de menores ingresos, donde la alimentación representa una parte importante del presupuesto familiar, esta tendencia podría traducirse en una pérdida acelerada del poder adquisitivo y un aumento de la pobreza de entre 0.3 y 0.8 puntos porcentuales.
Frente a este escenario, el BID plantea tres prioridades. La primera consiste en proteger a los hogares pobres mediante programas de transferencias monetarias focalizadas y mecanismos de protección social que puedan ampliarse rápidamente.
La segunda es mantener la disciplina fiscal y evitar subsidios generalizados que terminen beneficiando a sectores que no requieren apoyo y comprometan la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La tercera prioridad apunta a una estrategia de largo plazo: diversificar las fuentes de energía, fortalecer la producción regional de fertilizantes, mejorar la logística y modernizar la infraestructura comercial.
Para el BID, estas acciones no solo reducirán la vulnerabilidad frente a futuras crisis, sino que también permitirán que América Latina y el Caribe se consoliden como un socio estratégico y confiable dentro de las cadenas globales de suministro.
