Por revistaeyn.com
El Congreso de Guatemala dio luz verde a una de las reformas más esperadas para el sector logístico y de comercio exterior al aprobar, con 123 votos a favor, el Decreto 20-2026, que contiene la nueva Ley General del Sistema Portuario.
La normativa busca modernizar el sistema portuario guatemalteco, fortalecer la institucionalidad y elevar la competitividad del país mediante una gestión más eficiente de sus terminales marítimas.
La nueva legislación pone fin a varios años de espera para actualizar el marco jurídico que regula la actividad portuaria y establece las bases para una coordinación integral entre las instituciones públicas y los actores del sector.
Uno de los principales cambios es la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad que tendrá la responsabilidad de regular, planificar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y los convenios internacionales relacionados con el sistema portuario. Además, la norma crea el Sistema Portuario Nacional, una instancia que reunirá a los diferentes actores vinculados con la operación y administración de los puertos para mejorar la coordinación y la toma de decisiones.
La integración de la APN estará a cargo de representantes del Ministerio de Economía (Mineco), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Ministerio de Gobernación (Mingob), cuyos miembros, titulares y suplentes, serán designados por el presidente de la República.
La legislación también incorpora el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario (Planport), concebido para impulsar proyectos logísticos que permitan reducir los tiempos y costos asociados al comercio exterior, uno de los principales desafíos para la competitividad del país.
El Ministerio de Comunicaciones destacó que la aprobación de la ley representa un paso decisivo para fortalecer el comercio internacional, modernizar la infraestructura portuaria y generar nuevas oportunidades económicas. La cartera afirmó que el nuevo marco legal facilitará la atracción de inversiones y permitirá responder con mayor eficiencia a la creciente demanda del sector, aprovechando la ubicación estratégica de Guatemala como punto de conexión entre mercados internacionales.
Desde el sector empresarial, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) calificó la aprobación de la normativa como "un avance significativo" para modernizar el marco jurídico del sistema portuario.
La organización señaló que una legislación actualizada "brinda mayor certeza jurídica, fortalece la institucionalidad y crea las condiciones para contar con puertos más eficientes y competitivos".
El CACIF añadió que un sistema portuario más eficiente puede traducirse en una mayor disponibilidad de productos y mejores condiciones para consumidores y empresas, al tiempo que reiteró el compromiso del sector privado de impulsar iniciativas que fortalezcan la infraestructura estratégica, mejoren el clima de negocios y favorezcan el crecimiento económico, la generación de empleo formal y el desarrollo sostenible del país.
