Por Agencia EFE
Costa Rica llega a un nuevo ciclo electoral atravesada por una paradoja cada vez más visible: mientras su economía mantiene un desempeño sólido y mejores indicadores fiscales que hace una década, la inseguridad ligada al narcotráfico se ha convertido en la principal preocupación ciudadana y en el eje del debate político.
El país que durante años fue presentado como un oasis de estabilidad en Centroamérica enfrenta hoy presiones simultáneas en materia de seguridad, sostenibilidad fiscal y crecimiento económico a mediano plazo.
Históricamente ajena a los niveles de violencia de sus vecinos, Costa Rica no ha logrado mantenerse al margen de las rutas del narcotráfico internacional.
Su posición geográfica la ha transformado en un punto estratégico para el tránsito, almacenamiento y reenvío de droga hacia Estados Unidos y Europa. El resultado ha sido un aumento sostenido de la violencia entre bandas criminales que disputan territorios y mercados, y cifras de homicidios inéditas para el país. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 70 % de los asesinatos está vinculado a ajustes de cuentas entre grupos narcotraficantes.
Las estadísticas reflejan la magnitud del problema. En 2023 Costa Rica registró 905 homicidios, la cifra más alta de su historia; en 2024 se contabilizaron 876 y en 2025 fueron 873, con una tasa de 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. No es casual que, según encuestas de la Universidad de Costa Rica, desde abril de 2023 cerca del 45 % de la población identifique la inseguridad como el principal problema nacional.
Este contexto ha llevado a que, de cara a las elecciones generales del 1 de febrero, resurja con fuerza el debate sobre un eventual estado de excepción. El presidente Rodrigo Chaves ha defendido una estrategia basada en operativos policiales, cooperación internacional e instalación de escáneres en puertos, pero también ha cuestionado al Poder Judicial y a un marco legal que considera demasiado indulgente con la delincuencia. Su candidata oficialista, Laura Fernández, ha ido más allá al plantear la posibilidad de aplicar estados de excepción en zonas conflictivas y continuar la construcción de una “mega cárcel” para 5.000 reclusos, inspirada en el modelo de El Salvador.
Sin embargo, la propuesta divide al arco político. La mayoría de los aspirantes presidenciales rechaza cualquier limitación de garantías individuales y apuesta por un enfoque preventivo que combine inversión social, educación, recuperación de espacios públicos y mayor presencia policial en comunidades vulnerables. Para estos sectores, el combate al crimen organizado no puede desligarse de políticas de largo plazo que reduzcan la exclusión y fortalezcan el tejido social.
El avance del narcotráfico también tiene un rostro económico. El informe del Estado de la Nación advierte que los grupos criminales están infiltrando economías locales al invertir sus ganancias en pequeños comercios dentro de los territorios que controlan, lo que distorsiona mercados y refuerza su poder.
A ello se suma la aparición del primer cartel costarricense, el denominado Cartel del Caribe Sur, desarticulado parcialmente en un operativo de gran escala. Las autoridades estadounidenses ya han impuesto sanciones y solicitado la extradición de varios de sus presuntos integrantes, tras una reforma constitucional aprobada en 2024 que permite extraditar a nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo.
DESEMPEÑO ECONÓMICO
En paralelo a estos desafíos de seguridad, la economía costarricense muestra un desempeño positivo. Tras el golpe de la pandemia, el país encadenó varios años de crecimiento: 4,3 % en 2024 y alrededor de 4,2 % en 2025, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Las calificadoras de riesgo han mejorado su percepción y las finanzas públicas exhiben avances tras la reforma fiscal de 2018. No obstante, la OCDE advierte que la sostenibilidad fiscal dependerá de mantener la regla fiscal que limita el gasto y de mejorar la eficiencia del gasto público.
El próximo gobierno enfrentará un escenario menos dinámico. Las proyecciones apuntan a una desaceleración del crecimiento, con expansiones del 3,5 % en 2026 y del 3,4 % en 2027. Además, algunos candidatos han prometido revisar la regla fiscal y descongelar salarios y pensiones del sector público, un debate que reabre interrogantes sobre la disciplina fiscal alcanzada.
A esto se suma un factor externo clave: la política comercial de Estados Unidos. La imposición global de aranceles del 10 % ordenada por el presidente Donald Trump afecta a diversas exportaciones costarricenses, y una investigación sobre los dispositivos médicos —el principal rubro exportador del país— podría derivar en mayores tarifas en 2026. Pese a ello, el sector exportador ha mostrado resiliencia: en 2025 las exportaciones de bienes crecieron un 14 % y alcanzaron un récord de US$22.855 millones.
El turismo, otro motor tradicional, avanzó apenas un 1 % en 2025, mientras que los indicadores sociales muestran luces y sombras. El Gobierno celebra la reducción de la pobreza al 15,5 % de los hogares y un desempleo del 6,6 %, aunque críticos señalan que parte de la mejora responde a la salida de personas del mercado laboral.
En este contexto, Costa Rica se encamina a una elección decisiva, con el reto de preservar sus logros económicos sin sacrificar su histórica tradición democrática y de derechos frente a una crisis de seguridad que ya no admite soluciones simples.
