Por revistaeyn.com
El cierre abrupto de Cobre Panamá ha generado repercusiones que trascienden a la industria minera y alcanzan el crecimiento económico, el empleo, las exportaciones, las finanzas públicas y una amplia red de proveedores locales, según un estudio presentado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) a la Comisión Interministerial encargada de analizar el futuro de la operación.
El documento, denominado “Repercusiones socioeconómicas del cierre de operaciones de Cobre Panamá”, fue elaborado por la Unidad de Análisis Económico del CONEP y reúne sus conclusiones en 17 grupos de impacto, con un análisis que va desde las variables nacionales hasta los efectos específicos en las provincias vinculadas con la actividad minera.
Uno de los principales hallazgos está relacionado con la dificultad de reemplazar el aporte económico que generaba la mina mediante otras actividades productivas. El estudio estima que, para absorber por sí solo el producto minero correspondiente a un único año, el turismo necesitaría 114.8 años, mientras que la manufactura requeriría 86.4 años.
Las actividades que podrían alcanzar ese volumen en un periodo menor, como el comercio, la construcción y el transporte, tampoco serían sustitutos independientes, debido a que una parte importante de sus operaciones forma parte de la propia cadena de valor de Cobre Panamá. Esto evidencia, según el análisis, el peso que tenía la mina dentro del tejido productivo panameño y los desafíos para compensar su ausencia.
El impacto también se extiende al empleo y a los proveedores locales, además de las exportaciones y los ingresos fiscales. La investigación busca dimensionar estas consecuencias tanto para los habitantes de las zonas cercanas a la operación como para el resto de la población panameña.
El estudio incorpora, además, recomendaciones relacionadas con el componente ambiental. Entre ellas plantea establecer una auditoría ambiental internacional permanente, con participación equitativa de los grupos de interés en la socialización de los resultados.
La Comisión Interministerial señaló que esta propuesta es consistente con los compromisos de Panamá en materia de acceso a la información y participación pública establecidos en el Acuerdo de Escazú, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 125 de 2020.
La Comisión calificó la investigación del CONEP como el análisis técnico más importante y riguroso realizado hasta ahora sobre las consecuencias económicas y sociales del cierre de la mina.
Los resultados serán utilizados como insumo para las recomendaciones que los ministros deberán formular al presidente de la República. Sin embargo, la Comisión aclaró que todavía no existe una decisión sobre el futuro de Cobre Panamá, ya que su mandato se limita al análisis y la elaboración de recomendaciones.
Antes de avanzar, los integrantes de la Comisión realizarán una revisión detallada de los hallazgos y posteriormente sostendrán una reunión con los ministros, representantes del CONEP y los especialistas responsables del estudio.
