Por revistaeyn.com
La reciente decisión del Gobierno de Guatemala de autorizar un aumento al salario mínimo para 2026 ha reactivado el debate sobre competitividad, empleo e inversión, especialmente entre los sectores empresariales. La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) expresó su postura frente a la medida, subrayando la necesidad de que las políticas salariales se analicen dentro de un marco económico más amplio.
El ajuste decretado por el Ejecutivo contempla incrementos que oscilan entre el 4 % y el 7,5 %, dependiendo de la actividad productiva. El mayor aumento corresponde a los trabajadores no agrícolas, cuyo salario mínimo mensual fue fijado en 4.252 quetzales, equivalentes a unos US$552. En el sector agrícola, el incremento aprobado fue del 5,5 %, llevando el salario a 4.041 quetzales (US$524), mientras que para la industria de maquila el alza fue del 4 %, con un nuevo salario mínimo de 3.659 quetzales (US$475).
Desde la perspectiva de AmCham Guatemala, si bien es fundamental avanzar hacia mejores condiciones de vida para los trabajadores, "los ajustes salariales deben guardar coherencia con la productividad, la realidad de cada sector y el entorno económico general".
La organización empresarial advirtió que el aumento aprobado para 2026 "eleva de forma considerable los costos laborales y podría restar competitividad al país", sobre todo al no ir acompañado de avances estructurales en áreas clave como infraestructura, seguridad jurídica o reducción de cargas no salariales.
La cámara también recordó que Guatemala compite directamente con otros países de la región por atraer inversión extranjera. En ese contexto, los inversionistas analizan múltiples variables, entre ellas el costo de la mano de obra, la estabilidad regulatoria, la eficiencia institucional y la calidad de la infraestructura.
Incrementos salariales que no estén alineados con estos factores, señaló AmCham, "pueden afectar el clima de negocios, particularmente en actividades intensivas en mano de obra, y limitar la creación de empleo formal".
Otro punto de preocupación para el sector privado es el impacto potencial sobre la informalidad, que ya alcanza cerca del 70 % de la población económicamente activa. Según AmCham, mayores costos laborales podrían incentivar a algunas empresas a mantenerse fuera del marco formal o incluso a trasladar inversiones hacia otros mercados de Centroamérica.
Por su parte, el Gobierno defendió la medida asegurando que los ajustes se definieron con base en criterios técnicos. Destacó además que el incremento del 10 % aplicado el año anterior tuvo efectos positivos, como un aumento del 4,7 % en la afiliación al Seguro Social. A ello se suma un entorno de inflación moderada, que en 2025 se ubicó en 1,26 %, por debajo del 3,8 % registrado en 2024.
El presidente Bernardo Arévalo de León afirmó que la decisión responde a la prioridad de avanzar hacia remuneraciones más justas para el trabajo digno. No obstante, AmCham Guatemala insiste en que la política salarial debe integrarse a una estrategia nacional de competitividad y empleo, orientada a fortalecer la productividad, modernizar el Estado y crear condiciones sostenibles para la generación de trabajo formal en el país.
