Por revistaeyn.com
La reciente imposición de un arancel del 12,5 % a determinadas exportaciones costarricenses hacia Estados Unidos introduce un nuevo elemento de presión para la competitividad del país, especialmente frente a otras economías centroamericanas que actualmente enfrentan tarifas menores.
La medida deriva de una investigación desarrollada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, relacionada con la aplicación efectiva de normas sobre trabajo forzoso.
A diferencia de otros aranceles implementados previamente mediante órdenes ejecutivas presidenciales, esta medida presenta una particularidad relevante: su vigencia no depende directamente de decisiones presidenciales de corto plazo, sino de la revisión y eventual modificación de las conclusiones de la investigación realizada por la USTR.
"La principal preocupación no es únicamente el porcentaje del arancel, sino su naturaleza y permanencia. Mientras los aranceles presidenciales pueden modificarse mediante nuevas órdenes ejecutivas, este gravamen permanecerá vigente hasta que la autoridad comercial estadounidense determine lo contrario", explicó Carolina Palma, socia de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte.
El mayor riesgo
Si bien el impacto no será uniforme para todos los sectores exportadores, la nueva tarifa podría afectar la posición relativa de Costa Rica en decisiones de inversión y localización de operaciones productivas orientadas al mercado estadounidense.
De acuerdo con Deloitte, el mayor riesgo se presenta en aquellos sectores cuyos productos no se encuentran excluidos de la aplicación del arancel y que compiten directamente con fabricantes establecidos en otras jurisdicciones con menores barreras comerciales.
"El escenario más complejo sería aquel en que otros países logren eliminar o reducir sus aranceles mientras Costa Rica mantiene el 12,5%. En ese contexto, algunos proyectos de inversión podrían considerar más atractivo establecer operaciones en mercados con menores costos de acceso a Estados Unidos", señaló Palma.
La especialista agregó que este factor podría influir especialmente en industrias de manufactura avanzada y otros sectores exportadores con una alta dependencia del mercado estadounidense.
No todos los productos estarán afectados. No obstante, Deloitte destaca que la medida incorpora exclusiones relevantes para la economía costarricense. Entre ellas figuran diversos productos agrícolas y mercancías contempladas en anexos específicos de la normativa estadounidense, así como bienes que pueden beneficiarse de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
En consecuencia, el impacto final dependerá de un análisis detallado del producto exportado, su clasificación arancelaria y el cumplimiento de las reglas de origen aplicables. "Muchas empresas deben revisar si sus productos están excluidos de la medida o si pueden acogerse adecuadamente a los beneficios del CAFTA-DR. En algunos casos, organizaciones que antes no consideraban prioritario realizar análisis de origen ahora tienen un incentivo mucho mayor para hacerlo", comentó Palma.
La recomendación es que las empresas exportadoras adopten una estrategia proactiva orientada a evaluar su exposición al nuevo arancel y desarrollar mecanismos de mitigación que permitan preservar competitividad.
Entre las acciones prioritarias se encuentran la revisión del tratamiento arancelario de los productos exportados, la validación de requisitos de origen bajo CAFTA-DR y la evaluación de esquemas de optimización de costos y valor aduanero.
