Por Agencia EFE
La empresa minera First Quantum Minerals (FQM) ha recibido la autorización del Gobierno de Panamá para retirar, procesar y exportar el mineral acumulado en la mina Cobre Panamá, extraído antes de la suspensión de sus operaciones, según aseguró la empresa canadiense.
La compañía señaló en un comunicado que el denominado “programa de procesamiento” no supone la reapertura de la mina ni implicará nuevas perforaciones o voladuras, sino que se limitará al tratamiento de unas reservas estimadas en 38 millones de toneladas de mineral ya extraído, con aproximadamente 70.000 toneladas de cobre recuperable.
FQM también dijo que el procesamiento del mineral "tiene la intención de mitigar los riesgos medioambientales y operativos asociados con el prolongado almacenamiento en el lugar, incluido el posible drenaje ácido de roca".
El consejero delegado de la empresa, Tristan Pascall, afirmó que la autorización representa “un paso importante en la gestión ambiental responsable” del complejo minero.
La empresa prevé que el "programa de procesamiento" supondrá la creación de más de 1.000 empleos directos, elevando la plantilla total a unas 3.000 personas, con contrataciones en áreas como mantenimiento, procesamiento, gestión ambiental y logística. Además, se espera que la actividad genere empleo indirecto en sectores locales como el transporte, el suministro de equipos y los servicios.
En paralelo, la compañía ha iniciado la reactivación de las cadenas de suministro, incluidas las relaciones con proveedores panameños, y la preparación de las instalaciones existentes, como trituradoras, cintas transportadoras y plantas de procesamiento.
Según First Quantum, las inspecciones realizadas indican que serán necesarias reparaciones menores, principalmente en los circuitos de flotación y en el manejo de concentrados.
La mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, una filial de FQM, y la única explotación de ese mineral en el país, fue clausurada después de que la Corte Suprema de Panamá declarara en noviembre de 2023 inconstitucional su contrato de concesión.
La decisión judicial, que se produjo en medio de las mayores manifestaciones públicas del país en décadas, en protesta por la concesión y la apertura de la mina, supuso la pérdida de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos en un proyecto en el que FQM había invertido US$10.000 millones.
