Por Agencia EFE
La suspensión provisional del decreto que aumentó en un 23,7 % el salario mínimo de este año en Colombia avivó el debate entre el Gobierno, sindicatos y gremios empresariales, que desde diciembre venían advirtiendo sobre los efectos económicos y legales de un incremento tan alto.
La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) respaldó la suspensión y señaló que el incremento del 23,7 % "no responde a la realidad económica del país".
"La ilegalidad del decreto era evidente", dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien afirmó que un aumento desmedido del salario mínimo puede poner en riesgo la generación y estabilidad de empleo formal y trasladarse a mayores precios de bienes y servicios.
En cambio, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, señaló en un comunicado que esa entidad no demandó en su momento el citado decreto y pidió a las empresas que, "en la medida de sus posibilidades se busquen mecanismos para no afectar a los trabajadores" pues se trata de hechos consumados "que como sociedad se deben asumir".
"Se han generado algunos derechos que consideramos no se deben afectar. Y hay que ser cuidadosos con eso", expresó Mac Master, habitualmente enfrentado con el presidente colombiano, Gustavo Petro.
El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, ordenó al Gobierno expedir en un plazo máximo de ocho días hábiles un decreto transitorio que determine el porcentaje de un aumento del mínimo mientras se adopta una decisión de fondo sobre el decreto original.
"El nuevo decreto debe contener una fundamentación económica detallada y verificable, explicando el tipo de valoración aplicada a cada criterio, su cuantificación, la ponderación realizada, el razonamiento que conduce a la cifra final y el análisis del contexto económico, todo con respaldo en fuentes y certificaciones oficiales", señaló el alto tribunal.
El salario mínimo para 2026 fue establecido el pasado 30 de diciembre en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, en lo que el presidente Gustavo Petro calificó como un paso hacia el "salario vital", ajuste que, según el Gobierno, beneficia a 2,3 millones de trabajadores, el 10 % de los asalariados del país.
Defensa del aumento del 23,7 %
Al respecto, el candidato presidencial Roy Barreras llamó a los colombianos a manifestarse, al considerar que la medida afecta a las familias más humildes.
"No puede ser que el Consejo de Estado pretenda que las familias más humildes de Colombia, que consiguen al fin un empleo, no ganen lo mínimo necesario para tener una vida digna", dijo en un video divulgado en X.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió que el decreto mediante el que se fijó el salario mínimo "se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento" mientras no se expida la norma transitoria solicitada por el Consejo de Estado.
En ese sentido, pidió a los empresarios pagar la primera quincena de febrero con el ajuste correspondiente y sostuvo que los derechos laborales son progresivos y no admiten retrocesos.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó la suspensión del decreto del salario mínimo, que su presidente, Fabio Arias, calificó como "un acto de injusticia social, de mezquindad empresarial".
"Desde la CUT le pedimos al presidente Petro que en un acto de movilización nacional expida un nuevo decreto en las mismas condiciones en que ha sido suspendido por el Consejo de Estado", expresó Arias.
Petro, por su parte, aseguró que respeta el fallo y que actuará "de acuerdo a la Constitución" y expedirá el decreto transitorio ordenado.
