Por revistaeyn.com
La discusión sobre el salario mínimo para 2026 vuelve a encender las alarmas entre el sector exportador de Guatemala. Un reciente análisis elaborado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) en conjunto con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) señala que el país enfrenta un escenario delicado: mayores costos, márgenes reducidos y un deterioro sostenido en su capacidad para competir en la región.
De acuerdo con el informe, el ajuste salarial decretado para 2025 —un incremento del 6 % para actividades exportadoras y de maquila, y de hasta 10 % para otras áreas— llegó “en el momento menos oportuno”, como lo plantea Agexport.
La organización destaca que estas alzas se sumaron a un año marcado por presiones externas, especialmente la imposición de un arancel del 10 % a productos guatemaltecos ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump desde abril pasado.
El economista Hugo Maul recuerda que mientras Guatemala ha debido operar bajo ese gravamen, México, su principal competidor en varios segmentos industriales, ha mantenido un acceso preferencial al mercado estadounidense. Aunque Washington anunció que más del 70 % de las exportaciones guatemaltecas podrían quedar exentas de ese arancel, el proceso aún no concluye. “No existe claridad sobre cuándo se eliminará el impuesto ni garantía de que no surjan nuevas barreras más adelante”, advierte Maul.
La combinación de estos factores limita la capacidad del país para absorber nuevos incrementos salariales, según coinciden los analistas. Sectores como vestuario y textiles, agrícola, manufactura, servicios y acuicultura han reportado pérdida de pedidos y cancelación de contratos, una señal inequívoca de que los costos están tensionando al máximo la operación exportadora.
El documento de Agexport y CIEN también subraya un problema estructural: Guatemala ofrece uno de los salarios mínimos más altos de la región en términos nominales —el equivalente a US$484 mensuales—, pero su productividad por hora laborada se ubica entre las más bajas. Esta brecha, sostienen, envía señales poco atractivas a los inversionistas.
Por ello, ambas entidades recomiendan que la discusión salarial se mantenga al margen de intereses políticos y responda únicamente a la capacidad productiva real. También instan a impulsar la descentralización económica, pues la desaceleración del empleo formal se ha hecho más visible tras el aumento de 2025: entre 2024 y abril de 2025, la afiliación al IGSS en la circunscripción 2 apenas creció 2.56 %, por debajo del ritmo observado en la capital.
Fundesa coincide en que cualquier ajuste debe considerar las diferencias regionales en productividad y costo de vida. Sin incentivos territoriales, advierte, será difícil revertir la pérdida de competitividad y recuperar dinamismo fuera del área metropolitana.
El panorama macroeconómico tampoco justifica un alza inmediata. Con presiones inflacionarias a la baja y una reciente reducción de la tasa líder de interés —que quedó en 3.75 %—, los especialistas piden cautela para evitar nuevos golpes al mercado laboral.
Con información de La Hora
