Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2026 para Guatemala con una evaluación favorable sobre el desempeño macroeconómico del país, aunque advirtió que será necesario acelerar las reformas estructurales y aumentar la inversión pública para elevar el potencial de crecimiento y reducir las vulnerabilidades de largo plazo.
La evaluación, concluida el 28 de julio bajo el procedimiento de aprobación sin reunión del Directorio Ejecutivo, destaca que Guatemala mantiene fundamentos económicos sólidos que le permiten afrontar un entorno internacional marcado por la incertidumbre, gracias a una combinación de baja inflación, una posición fiscal prudente, reducidos niveles de deuda pública y una sólida posición externa.
El organismo señaló que el dinamismo económico se ha mantenido durante 2026. La actividad económica registró un crecimiento interanual de 4.5 % hasta abril, mientras que la inflación aumentó a 2.9 % en mayo debido principalmente al encarecimiento internacional del petróleo, aunque continúa dentro del rango objetivo del banco central.
Asimismo, resaltó que la deuda pública permanece en niveles sostenibles, equivalente al 27 % del producto interno bruto (PIB), y que el superávit de la cuenta corriente alcanzó el 4.7 % del PIB en 2025, impulsado por remesas familiares que representaron un récord del 21 % del PIB.
El principal desafío
Sin embargo, el FMI considera que el principal desafío del país continúa siendo elevar su capacidad de crecimiento. Aunque proyecta una expansión económica de 3.8 % para 2026, ligeramente inferior al año anterior por el impacto del aumento en los precios del petróleo, estima que el crecimiento podría volver a acercarse al 4 % en el mediano plazo si avanzan las inversiones públicas y las reformas estructurales.
Entre las principales recomendaciones figura acelerar la inversión en infraestructura para eliminar cuellos de botella que limitan la productividad y la competitividad.
El organismo también pidió mejorar la planificación y ejecución de proyectos públicos, agilizar los procesos de contratación, fortalecer los mecanismos de transparencia y ampliar la participación del sector privado en obras de infraestructura.
El FMI también recomendó fortalecer la eficiencia del gasto público mediante una mejor coordinación entre las instituciones encargadas de la planificación y las finanzas del Estado, así como avanzar hacia una consolidación fiscal gradual que preserve la inversión pública y el gasto social.
En materia tributaria, el organismo considera necesario incrementar la recaudación por encima del 12 % del PIB mediante el fortalecimiento de la administración tributaria, evitando medidas que reduzcan la base impositiva y promoviendo una reforma fiscal integral.
En el ámbito monetario y financiero, el Fondo sostuvo que la política monetaria sigue siendo adecuada, aunque recomendó mejorar la comunicación del Banco de Guatemala sobre sus intervenciones cambiarias y continuar fortaleciendo los mecanismos de gestión de liquidez.
Asimismo, instó a acelerar la aprobación de una nueva legislación para desarrollar el mercado secundario de valores y una ley de dinero electrónico que impulse el crecimiento del sector fintech y amplíe el acceso a servicios financieros.
En materia financiera, el organismo destacó la importancia de reforzar la supervisión bancaria mediante la adopción de normas internacionales de contabilidad (IFRS), la actualización de la legislación bancaria y mayores inversiones en ciberseguridad para preservar la estabilidad del sistema financiero.
El FMI también valoró como un avance importante la aprobación de la nueva ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, al considerar que fortalecerá la integridad financiera del país de cara a la evaluación internacional prevista para 2027.
Finalmente, el organismo subrayó la necesidad de acelerar la agenda de gobernanza, impulsar medidas anticorrupción, fortalecer la transparencia, reducir barreras comerciales, diversificar las exportaciones y combatir la informalidad laboral, con el objetivo de lograr un crecimiento económico más inclusivo y sostenible en los próximos años.
